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"La Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece:

 1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

La Delegación del Gobierno sigue el criterio del Servicio Jurídico del Estado estimando que la correcta interpretación de esta norma exige entender que, por su mandato, se produce la suspensión automática de todos los procedimientos de las entidades del sector público desde la entrada en vigor de la norma, cualquiera que sea la naturaleza de los procedimientos. Los procedimientos se reanudarán cuando desaparezca la situación que origina esta suspensión, esto es, la vigencia del estado de alarma. La suspensión es la regla general y produce efectos automáticos ex lege, por lo que no requiere de una comunicación de la suspensión de términos ni de la interrupción de plazos. Este criterio se está aplicando en procedimientos como los contratos públicos o las subvenciones en las que, además, se nos ha trasladado por las Unidades administrativas competentes que la comunicación o publicación de la suspensión en cada ámbito es innecesaria y podría llegar a colapsar el funcionamiento de medios de publicidad en cada caso.”